Historia

La selección de los beneficiarios de las transferencias monetarias y otras prestaciones sociales comenzó a realizarse en el año 1979 en base a un instrumento de focalización denominado la ficha CAS, que evaluaba la condición socioeconómica del hogar a través de un puntaje que determinaba la prioridad de acceso a los beneficios sociales.

 La ficha CAS fue un símbolo del cambio de paradigma del Estado de Bienestar, desde uno que beneficiaba a las personas según afiliación laboral a otro de carácter residual, que asiste a los más pobres. En esos años se introducen también los mapas de pobreza que servirán de guía en la planificación de la política social, así como las encuestas Casen, cuyo propósito original era evaluar cuán bien focalizado estaba el gasto social en los hogares pobres.

 La ficha CAS era un test relacionado de medios, cuya primera versión calificaba a los hogares en cinco niveles de acuerdo a información sobre la vivienda, la escolaridad y la ocupación de sus miembros. Sin embargo, se trataba de un instrumento precario en cuanto su consistencia y logística y era de fácil manipulación por parte de los usuarios.

En 1987 se introdujo la segunda versión de la ficha, denominada CAS-2, cuyo diseño estuvo a cargo de un grupo de expertos sociales y estadísticos. Estos seleccionaron un conjunto de 50 variables, agrupadas en cinco factores, sobre la base de indicadores de carencias socioeconómicas y la aplicación de técnicas de componentes principales y factores discriminantes. El nuevo instrumento que incorporó a la vivienda como unidad de aplicación y a la familia como unidad de análisis operó sobre un sistema de puntuación continua calculado computacionalmente, que diferenció áreas geográficas y condición urbano-rural; tuvo vigencia de dos años e incorporó procedimientos bien definidos para la recolección y procesamiento de la información.

Esta Ficha tuvo su origen en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quién planteó como desafío la instalación progresiva de un Sistema de Protección Social inclusivo, que acompañase a las personas a lo largo de su ciclo vital, asegurando el acceso a las oportunidades de educarse y trabajar, cubriendo los riesgos de enfermedad e invalidez y garantizando una vejez digna.